En muchos países se habla de la gran crisis que afronta la justicia. En algunos esta se negocia abiertamente, a cambio de dinero, en forma "legal", como si fuera una mercancía cualquiera,como ocurre en los Estados Unidos, país en donde los directivos de una gran multinacional que opera en Colombia pagaron 25 millones de dólares al fisco norteamericano a cambio de no ser encausados judicialmente por haber patrocinado a grupos armados ilegales para cometer múltiples asesinatos en Colombia.
En otras naciones los poderosos delincuentes de cuello blanco también la compran en forma subrepticia sobornando a los jueces, fiscales, magistrados o a los abogados de la contraparte.
En otros más, como ocurre en Colombia, la justicia ha entrado a formar parte de las variadas herramientas que usan los políticos corruptos para obtener sus fines, incluso como intrumento de oposición política contra algún gobierno, como sucedió en los últimos cuatro años cuando la corte suprema de justicia de Colombia no dudó en violar multitud de leyes para atacar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y a centenares de miembros de su gobierno o a simples simpatizantes del mismo, persecución judicial que aún hoy día se mantiene intacta cuatro meses después de haber terminado dicho gobierno mientras que, por otra parte, los políticos simpatizantes de los terroristas de las Farc, como la ex senadora Piedad Córdoba y otros muchos más, gozan de total impunidad y no han sido investigados por dicha corte "por falta de pruebas", a pesar de que los computadores incautados al jefe de las Farc "Raúl Reyes" contienen miles de documentos que prueban de manera irrefutable su vinculación y apoyo a esa organización criminal.
Pero, ¿qué clase de justicia podrá administrar una corte suprema de justicia de Colombia carcomida hasta los huesos por escándalos de corrupción, debido a que varios de sus miembros son amigos reconocidos de un narcotraficante llamado Giorgio Sale, quien durante años los llenó de costosos regalos y viajes gratuitos en vuelos charter para asistir a lujosas fiestas? Y si no fuera por que la policía italiana apresó a dicho criminal, con seguridad este todavía estaría gozando de la protección que la fiscalía general de Colombia le dio a dicho delincuente, al evitar que la investigación abierta contra él desde el año 2.002 tuviera algún progreso.
Ante este deprimente cuadro que presenta la justicia en Colombia, y con seguridad que también en muchos otros países, el ciudadano común está inerme ante los abusos de autoridad de los corruptos disfrazados de fiscales, abogados y magistrados, porque si alguien se atreve a criticarlos públicamente sus represalias pueden ser terribles, como les ha ocurrido a multitud de valientes periodistas que han publicado sus análisis y sus protestas ante esta aberrante situación. Para la muestra un botón: la periodista Salud Hernández, del diario El Tiempo de Bogotá, está afrontando un proceso penal abierto contra ella por la corte suprema de justicia, precisamente por criticar sus fallos y su abierta parcialidad.
Y, a todas estas, ¿qué es la justicia? Espero abordar con algún detalle este interesante tema en mi próximo artículo, incluyendo la nueva definición de Justicia que será la que se adoptará en el presente siglo XXI.
Hasta nuestro próximo encuentro. Un cordial saludo ara todos.
Efraín
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